Mientras la Justicia investiga los vínculos de la encargada de “Wachitas” con el asesino Claudio Barrelier, estalló la polémica al comprobarse que el local clausurado figuraba como un sitio turístico “recomendado” por el Palacio 6 de Julio.
- Por AF para CONFIRMADO
El brutal femicidio de Agostina Vega no solo ha generado una profunda consternación social y un complejo escenario judicial en la capital cordobesa, sino que en las últimas horas ha detonado un verdadero sismo político en los despachos del Palacio 6 de Julio. El foco de la tormenta pública se desplazó directamente hacia las responsabilidades del estado municipal, al descubrirse una flagrante y comprometedora contradicción: el polémico bar-pool “Wachitas”, presuntamente vinculado a la causa por el crimen de la adolescente de 14 años, era promocionado activamente por el propio gobierno local como un destino turístico sugerido para el esparcimiento nocturno.
La revelación provocó un cimbronazo inmediato en la gestión comunal. Diversas capturas de pantalla de los portales turísticos oficiales de la Municipalidad de Córdoba expusieron que el establecimiento, ubicado en la calle Ituzaingó al 521, en pleno corazón del barrio Nueva Córdoba, gozaba de una visibilidad privilegiada bajo el ala de la difusión estatal. Para la oposición y para la familia de la víctima, que el municipio invite formalmente a vecinos y visitantes a concurrir a un espacio que hoy se encuentra bajo la lupa judicial y pericial por sus nexos con el femicida Claudio Gabriel Barrelier representa un hecho de extrema gravedad institucional que exige explicaciones urgentes.
De “sitio recomendado” a la faja de clausura por graves infracciones
El malestar político se potencia al contrastar la promoción oficial con el verdadero estado del comercio. Tras desatarse el escándalo por la entrega del automóvil Ford Ka negro —de propiedad de Soledad Andreani, encargada de eventos del bar y expareja del asesino—, el Ente de Fiscalización y Control municipal acudió al lugar para aplicar una faja de clausura inmediata. El operativo de los inspectores no hizo más que desnudar el descontrol: el local presentaba severas anomalías edilicias, modificaciones estructurales no declaradas, fallas de riesgo en el tendido eléctrico, ausencia de señalización de emergencia y matafuegos con fechas de vigencia vencidas.
La indignación aumentó cuando las autoridades constataron que los propios responsables de “Wachitas” rompieron de forma clandestina los precintos de seguridad colocados originalmente, obligando a un segundo despliegue para reponer las fajas de inhabilitación y labrar nuevas actas por desacato. La pregunta que resuena con fuerza en el Concejo Deliberante es cómo un establecimiento con semejante nivel de irregularidades estructurales y de seguridad pudo haber obtenido y mantenido el aval de los canales de comunicación y turismo de la intendencia, operando como un “gancho” publicitario oficial.
Pedidos de informes y la exigencia de responsabilidades en la noche cordobesa
La aparición del bar en las plataformas de la Municipalidad encendió las alarmas sobre los criterios de selección, fiscalización y control que aplica el Estado local sobre la noche cordobesa. Bloques de la oposición ya preparan pedidos de informes de carácter urgente dirigidos a las áreas de Turismo y de Control y Fiscalización para que detallen qué funcionarios autorizaron la inclusión de “Wachitas” en la guía oficial de la ciudad, cuándo se realizaron las últimas inspecciones y por qué se omitieron las falencias que saltaron a la vista tras el crimen.
La comunidad y la representación legal de la familia de Agostina Vega observan con profundo recelo este entramado. Mientras la Justicia avanza con el secreto de sumario y detiene a nuevos implicados en el barrio Cofico, el Palacio 6 de Julio enfrenta el desafío de limpiar su propia imagen y dar respuestas concretas. La delgada línea que separó la promoción turística oficial de un establecimiento salpicado por la peor de las tragedias expone una alarmante falta de coordinación interna en el municipio, transformando un caso policial de extrema sensibilidad en un escándalo político de proporciones impredecibles.