Bajo la conocida «Teoría del Encapsulamiento», el Ministerio Público Fiscal acordó condenas condicionales para los mandos medios del fraude de los «créditos truchos». Con este cierre exprés, se sepulta el debate oral y se garantiza el blindaje absoluto para los actuales diputados Juan José Bahillo y Laura Stratta, verdaderos responsables políticos de una matriz de desvío millonario.
El entramado de corrupción institucional en la provincia de Entre Ríos sumó una nueva página a su ya aceitado manual de impunidad. El próximo 8 de junio quedará formalmente homologado un acuerdo de juicio abreviado en la causa que investiga el escandaloso desvío de fondos públicos a través del programa Jóvenes Emprendedores, una maniobra ejecutada durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet. La resolución judicial expone con brutalidad un formato repetido: se reconoce la existencia del fraude, se pactan penas menores de ejecución condicional, nadie va a prisión y, fundamentalmente, la cúpula del poder político queda completamente preservada de cara a la sociedad.
El Ministerio Público Fiscal, claudicando en su obligación estricta de profundizar la investigación y perseguir la verdad material, optó de manera deliberada por trazar una línea de contención y acordar un final apresurado. Esta maniobra replica con una precisión alarmante la denominada «Teoría del Encapsulamiento», idéntica a la utilizada en la megacausa de los Contratos Truchos de la Legislatura. El objetivo sistémico es siempre el mismo: dirigir toda la artillería judicial contra los eslabones inferiores, los brazos ejecutores y los empleados administrativos, para evitar a toda costa que la investigación escale hacia los despachos de los verdaderos jefes de la estructura partidaria. En este caso, el cerrojo judicial funciona como el blindaje definitivo para dos figuras centrales de la política entrerriana: el exministro de Producción y actual diputado, Juan José Bahillo, y la exvicegobernadora y actual legisladora, Laura Stratta.
La crueldad de un sistema que usaba a los vulnerables como pantalla
El mecanismo delictivo implementado en la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor destaca por una crueldad explícita. La organización utilizaba los datos de jóvenes en extrema situación de vulnerabilidad social, desocupados o estudiantes humildes para tramitar créditos productivos simulados, cuyos montos oscilaban entre los 300.000 y el millón de pesos. Con proyectos ficticios y carpetas armadas con la misma caligrafía, el Estado provincial depositaba el dinero en las cuentas de estos falsos beneficiarios. Posteriormente, los reclutadores llevaban a los jóvenes a los cajeros automáticos para retirar el efectivo, entregándoles apenas sumas miserables de entre 6.000 y 30.000 pesos a cambio de su firma. El resto de las sumas millonarias quedaba retenido por los funcionarios.
La farsa del programa quedó al descubierto de manera flagrante tras las declaraciones judiciales de las supuestas víctimas: de un muestreo de 150 supuestos beneficiarios de los créditos de Acción Social, la investigación determinó que solo cinco correspondían a emprendimientos legítimos. El resto de los jóvenes se enteró de la maniobra criminal recién cuando el Estado entrerriano comenzó a reclamarles formalmente la devolución de deudas millonarias por créditos que jamás habían solicitado ni aprobado. Sin embargo, la espectacularidad de una defraudación estimada en 250 millones de pesos no fue suficiente para que la justicia investigara el destino final de la recaudación ilegal.
Los ejecutores del fraude y el pacto de silencio en los mandos medios
La nómina de quienes asumirán la autoría del delito para clausurar el expediente de forma exprés está encabezada por el escribano Pedro Fernando Gebhart, exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor; Cristian Klein, exdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos; y Claudio Rosas Vicco, miembro del área administrativa contable de la provincia. Junto a ellos, un grupo de reclutadores e intermediarios territoriales —entre los que figuran Alejandro Usatinsky, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Pablo Frutos, Paula Yonas y Lusila Magallanes— aceptarán la inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas en pesos y la comodidad de la prisión en suspenso.
La confesión controlada opera como una transacción perfecta para la corporación política: los imputados admiten que robaron pero no pasarán un solo día tras las rejas, y a cambio se sella un estricto pacto de silencio que impide ventilar la maquinaria de recaudación en un debate oral y público. El cierre intempestivo de la causa deja deliberadamente en las sombras el contenido de los teléfonos celulares secuestrados a Gebhart y otros implicados. Fuentes judiciales y políticas confirman que las pericias tecnológicas arrojaron un registro severo de llamadas, mensajes y audios que comprometían directamente a Bahillo y a Stratta en la toma de decisiones y el manejo discrecional de estos fondos, pruebas que ahora quedarán archivadas sin consecuencias.
Socios, amigos y la matriz de protección de Laura Stratta
La relación entre la exvicegobernadora Laura Stratta y el principal acusado, Pedro Gebhart, excedía largamente los límites de una jerarquía administrativa; se manejaban en términos de socios y amigos entrañables. Fue la propia Stratta quien impulsó a Gebhart para ocupar el segundo cargo de mayor relevancia dentro de la cartera económica conducida por Bahillo. El nivel de complicidad y amparo político quedó expuesto de forma obscena al finalizar la gestión anterior: Stratta intentó blindar a su socio otorgándole un pase a planta permanente en el Poder Ejecutivo y, tras asumir la vicegobernación, lo refugió en la Cámara de Senadores con una Categoría 1, asegurándole el salario más alto del escalafón legislativo, privilegio que mantuvo hasta que la actual gestión de la vicegobernadora Alicia Aluani ordenó la baja de esas nóminas irregulares.
Esta matriz de impunidad bajo el formato de juicio abreviado ya representa un modus operandi recurrente en el entorno de Stratta. Con la resolución de la causa de los «créditos truchos», ya son dos las manos derechas y operadores políticos directos de la actual diputada que confiesan delitos económicos para salvarla de una imputación penal. El primer antecedente idéntico ocurrió con Joaquín Oñativia, condenado en una sensible causa por el robo de subsidios destinados a personas indigentes y sectores vulnerables dentro del Ministerio de Desarrollo Social, cuando la cartera estaba bajo la órbita de Stratta y su secretario privado era Roberto Cabezas, también salpicado por escándalos de otorgamiento de fondos públicos a personas fallecidas. En ambas ocasiones, la soga se cortó por lo más delgado para evitar que la mancha judicial salpicara los despachos superiores.
Un ministerio sin control: la responsabilidad de Juan José Bahillo
Por el lado del exministro de Producción y actual diputado nacional Juan José Bahillo, la resolución judicial le permite mantenerse al margen de un desfalco millonario que floreció bajo su propia firma y dentro de su jurisdicción directa. Los acusados no operaban en el anonimato de una sociedad de fomento, sino dentro de una estructura del Estado provincial, utilizando sellos oficiales, resoluciones ministeriales y presupuestos aprobados que debían contar con la supervisión directa de la máxima autoridad de la cartera.
La resolución judicial elude de forma deliberada la pregunta fundamental que debería guiar a un servicio de justicia transparente: ¿quién permitió, avaló y se benefició políticamente con la vigencia de este sistema de desvío de fondos a lo largo del tiempo? Al limitar la responsabilidad penal a los funcionarios de segunda línea, la justicia entrerriana convalida que los ministros y secretarios de Estado carecen de responsabilidad penal y política sobre los delitos que se cometen en sus propias oficinas, transformando las áreas de control estatal en meros decorados de una farsa administrativa.
La paradoja perversa del mutismo judicial y los fueros legislativos
Resulta inadmisible y alarmante el silencio corporativo que jueces y fiscales mantienen ante la sociedad frente a desvíos de fondos públicos de esta magnitud. Amparados en el gastado axioma de que «los magistrados solo hablan por sus sentencias», los miembros del Ministerio Público Fiscal utilizan esta opacidad como un escudo institucional para negarse a rendir cuentas públicas o someterse a la interpelación de la prensa. Mientras los funcionarios de los demás poderes del Estado se ven obligados a dar explicaciones ante el requerimiento ciudadano, la justicia entrerriana se maneja con una omnipotencia corporativa intolerable para la salud democrática.
Ante la indignación social por esta claudicación, el propio sistema judicial responde de manera cínica recordando que los ciudadanos disponen del recurso del juicio político o Jury de Enjuiciamiento contra los fiscales que asfixian las investigaciones. Es allí donde se revela la paradoja más perversa y perfecta de la impunidad en Entre Ríos: para que una denuncia legal avance en la Cámara de Diputados se requiere de forma obligatoria una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Dado que el oficialismo de Rogelio Frigerio no cuenta con ese número por sí solo, necesita inexorablemente el acompañamiento del bloque de la oposición. El círculo se cierra de manera impecable: la presidenta del bloque de diputados del Partido Justicialista es la propia Laura Stratta, secundada por Juan José Bahillo como autoridad clave del bloque.
El poder político jamás aportará los votos para investigar a los fiscales que acaban de confeccionar el traje de impunidad a su medida. Los perejiles confiesan, el Estado pierde millones, los jóvenes pobres quedan endeudados y las máximas figuras del poder respiran aliviadas desde la comodidad de sus fueros parlamentarios.