El gobierno de Rogelio Frigerio ha dado un paso más en su camino de contradicciones al oficializar la designación de Eduardo Cristina como presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL).
Con un historial que lo vincula a la causa “Aduana Paralela” y el pago de $18 millones para evitar un juicio por contrabando millonario, Cristina ha pasado de ser un operador en las sombras a ocupar formalmente un cargo clave en la administración provincial.
Lo más indignante no es solo la designación en sí, sino el relato que intentan imponer. El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, justificó la decisión con una frase que debería quedar en la historia del cinismo político: “CODESAL va a dejar de ser un monumento a la corrupción para volver a ser un orgullo de los entrerrianos”. ¿Desde cuándo un implicado en fraudes aduaneros y operaciones turbias es la persona indicada para devolverle transparencia a un organismo público?
La hipocresía de Frigerio y su equipo queda en evidencia con su doble discurso. Mientras hablan de “Ficha Limpia” para los adversarios políticos, blindan a figuras con antecedentes escandalosos dentro de su propia estructura de gobierno. ¿Acaso hay un “contrabando de principios” en la gestión de Frigerio?
La comunidad entrerriana, que ya ha sido víctima de décadas de corrupción enquistada en el poder, merece respuestas y no relatos edulcorados. La designación de Cristina no es una casualidad ni una improvisación: es un mensaje claro de que los mismos de siempre seguirán manejando el destino de los recursos públicos con total impunidad.
¿Será CODESAL un organismo de desarrollo o una plataforma para nuevos negocios turbios? Frigerio ha dado la respuesta con su decisión. Lo que antes era un Monumento a la Corrupción, hoy es un símbolo de la impunidad institucionalizada.