La intendenta Rosario Romero anunció la derogación del decreto 1996, que obligaba a los ciudadanos a pagar infracciones de tránsito nacionales para poder tramitar la Licencia Nacional de Conducir. No obstante, esta medida, presentada como un alivio para los vecinos de Paraná, no oculta el trasfondo de un sistema de recaudación que sigue intacto: las cuestionadas fotomultas.
Este mecanismo, implementado bajo el argumento de mejorar la seguridad vial, ha sido señalado por expertos y ciudadanos como una herramienta meramente recaudatoria, plagada de irregularidades y falta de control. Las fotomultas generan millones de pesos en sanciones, muchas veces por infracciones dudosas o por dispositivos mal calibrados, mientras los vecinos enfrentan la imposibilidad de defenderse eficazmente.
La falta de transparencia en la gestión de este sistema es alarmante. Años después de su implementación, no se han presentado informes públicos detallados sobre el destino de los fondos recaudados ni sobre la eficacia del programa para reducir los accidentes de tránsito. Además, en varios casos, las empresas privadas que gestionan las cámaras se llevan un porcentaje significativo de lo recaudado, convirtiendo el sistema en un negocio más que en una política pública.
Si bien la derogación del convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial podría interpretarse como un gesto hacia los ciudadanos, la continuidad del “curro” de las fotomultas evidencia que las prioridades del municipio están lejos de aliviar la carga económica de los vecinos y de garantizar un sistema de tránsito justo y efectivo. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿es realmente la seguridad vial lo que motiva estas políticas, o simplemente se trata de seguir llenando las arcas municipales a costa de los ciudadanos?
La de acceso norte no solo esta mal señalizada sino que además es una trampa recaudatoria denunciada que soo se sostiene por una trama parecida a la de Donofrio en Buenos Aires, un funcionario massista echado por estos curros.