El Congreso se planta tras el escándalo patrimonial del funcionario. Convocaron a una sesión especial para el 23 de junio a las 14. El oficialismo cruje por dentro mientras la Justicia Federal analiza agravar la imputación.
Por AF para CONFIRMADO
El escenario político ingresó en una fase de extrema tensión institucional. Tras la confesión de Manuel Adorni sobre el ocultamiento de medio millón de dólares al fisco, diputados nacionales de diversos bloques de la oposición unificaron posiciones y presentaron formalmente un pedido de sesión especial. El emplazamiento quedó fijado para el próximo martes 23 de junio a las 14:00, con un objetivo inequívoco: exigir pedidos de informes, someter al jefe de Gabinete a una interpelación presencial e impulsar una moción de censura para removerlo de su cargo, en el marco de las denuncias que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.
La reacción de las bancadas opositoras fue categórica. Desde el bloque de Unión por la Patria, espacio presidido por Germán Martínez y uno de los principales promotores de la destitución constitucional, lanzaron una dura acusación a través de las redes sociales: “ADORNI le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es URGENTE aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional”.
El mapa de apoyos y silencios en el recinto
La convocatoria parlamentaria no solo expone la debilidad del funcionario, sino que también traza una línea divisoria dentro de la Cámara de Diputados. Al bloque peronista se sumaron con sus firmas el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector mayoritario de Provincias Unidas, además del respaldo clave de las monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
En la vereda de enfrente, decididos a no agitar las aguas ni quebrar puentes con la Casa Rosada, optaron por el silencio y la no adhesión los bloques del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, el MID y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires).
Sin embargo, las voces que exigen transparencia suben el tono. El diputado socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) fue tajante al señalar que “no hay más excusas posibles” ante las últimas revelaciones de la causa judicial, instando a sus pares a avanzar sin dilaciones hacia la remoción del ministro coordinador. En la misma sintonía, su compañero de interbloque, Pablo Juliano, tildó al 23 de junio como el “día de la revelación”, advirtiendo que la sesión dejará al descubierto “quiénes son los verdaderos republicanos y quiénes eligen ser socios de la impunidad”.
Acorralado, sin margen en el Senado y con fuego amigo
La maniobra de Adorni de anunciar en redes que recién asistiría al Congreso en el mes de julio terminó por irritar a todo el arco legislativo. Incluso el PRO, aliado habitual del oficialismo, emitió un crítico comunicado exigiendo que el jefe de Gabinete no dilate sus explicaciones y se presente este mismo mes. La estocada definitiva llegó desde la propia vicepresidenta de la Nación: Victoria Villarruel solicitó de manera “fehaciente y formal” que el funcionario rinda cuentas ante la Cámara de Senadores de forma improrrogable durante junio.
El núcleo de la crisis radica en la autoincriminación televisiva del propio Adorni. Tras meses de postergar la presentación de su declaración jurada, el funcionario admitió públicamente haber mantenido 500 mil dólares “en negro” fuera del radar del fisco, justificándolo bajo la premisa de que su familia ahorró de esa manera, “como todos los argentinos”.
Para justificar el origen de los fondos dentro de la causa penal que comandan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, el vocero argumentó haber realizado una inversión privada en Bitcoin de 200.000 dólares entre 2014 y 2018, la cual le reportó una ganancia neta de 300.000 dólares. No obstante, la coartada colisionó de frente con su propio archivo: salieron a la luz entrevistas pasadas donde el propio Adorni desaconsejaba enfáticamente las criptomonedas debido a su volatilidad.
Para colmo de males, el frente interno del Gobierno terminó de fracturarse. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, se despegó abiertamente del funcionario y catalogó su conducta patrimonial como una “omisión ética grave”. Mientras el plano político debate su destitución, en los tribunales de Comodoro Py la Justicia Federal evalúa ampliar la imputación contra Adorni hacia los delitos de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos, en un expediente que ya investiga la compra de múltiples propiedades, refacciones millonarias, el uso del avión presidencial para un viaje con su esposa a Nueva York y traslados familiares en jet privado a Punta del Este.