En una investigacion a fondo con documental exclusiva te revelamos detalles del “Robo del siglo” y como fiscales y politicos acordaron impunidad mutua, Bahl, Zoff, Angerosa, Navarro, y mas nombres aparecen en esta apasionante investigacion…
La causa de los contratos truchos en Entre Ríos es uno de los mayores escándalos de corrupción institucional de los últimos tiempos. Pero lo más grave no es solo la dimensión del fraude, sino el pacto de encubrimiento que permitió que la justicia persiguiera a empleados menores mientras dejaba impunes a los verdaderos responsables políticos.
La Fiscalía, encabezada por Ignacio Aramberri, eligió imputar a “perejiles” y otorgar probation, a pesar de tener en sus manos documentación que compromete directamente a la cúpula del poder provincial. “La Caldera” accedió a correos electrónicos oficiales en los que Horacio Bahl, hermano del exvicegobernador y ex intendente de Paraná, instruye al funcionario Javier Schneider sobre altas y bajas de contratos truchos. Aparece además la contadora Andrea Zoff, ejecutora clave del mecanismo.
Aramberri no solo omitió investigar estas evidencias: fue previamente salvado de su Jury de Enjuiciamiento por los mismos legisladores vinculados al esquema de contratos falsos. Por eso el abogado Carlos Guillermo Reggiardo lo denunció penalmente, advirtiendo desde el inicio que había un acuerdo espurio para simular una investigación y entregar cabezas menores a cambio de blindar a la política.
A esta red de protección se suma Hernán Vitulo, operador judicial señalado como el verdadero articulador de la impunidad, y Gamal Taleb, fiscal que lleva años “investigándolo” sin resultados. La connivencia es total.
LOS CONTRATOS LLEVABAN LA FIRMA DEL VICEGOBERNADO ADAN BAHL DE LOS IMPUTADOS BEBER Y DIAZ COLODERO PERO ARAMBERRY ELIGIO LOS PEREJILES.
En una segunda parte de esta investigación, revelaremos declaraciones judiciales claves de exlegisladores como Daniel Kramer, Gustavo Osuna, Leticia Angerosa y Jorge “Pelado” Navarro, que admiten conocer y participar en el sistema. Además, se incluirá la declaración de Sergio Cardoso, ex funcionario contable de Diputados, quien fue el único que se animó a abrir la puerta para investigar el período de Jorge Busti, entonces presidido por el actual Procurador Jorge Amílcar García.
Como recordó el propio Ruberto, cada legislador tenía cinco contratos asignados directamente. El resto, más de 270 por mes, se firmaban sin control. Entre las más mencionadas, figura la legisladora Silvia Moreno, que habría manejado una de las estructuras más grandes.
La justicia no será real mientras fiscales como Aramberri y Taleb sigan garantizando protección judicial a los verdaderos responsables. Es hora de terminar con la farsa, y de sentar en el banquillo a quienes transformaron el Estado en un negocio privado. Esta vez, con nombre y apellido. Fuente La Caldera.