Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se remitieron a sus votos en la causa “Price”, en donde se establece que las provincias no tienen facultades para dar por cerradas investigaciones en términos que no están contemplados en el Código Penal.
La Corte Suprema de Justicia ordenó que se tiene que seguir inventigando a un ex radical Ricardo Troncoso, imputado de peculado en una causa por contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos. La CSJ lo resolvió al hacer lugar este jueves al pedido de la Procuración General de Entre Ríos y dar marcha atrás una sentencia que había dictado el sobreseimiento.
Los fundamentos de la justicia entrerriana para dar por cerrada la causa era que la Fiscalía no había pedido prórroga en la investigación, tal como lo establece el artículo 223 del Código Procesal Penal local. Sin embargo, el Procurador General de la Provincia de Entre Ríos reclamó la intervención de la Corte Suprema. Señaló que el STJER había creado una causal de extinción de la acción penal no prevista en el Código Penal de la Nación. Además cuestionó que se trataba de un supuesto de gravedad institucional porque de modo abrupto y sorpresivo implicaba el cierre de una causa de corrupción que podría arrastrar la responsabilidad internacional del Estado.
Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso y revocó el sobreseimiento. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se remitieron a sus votos en la causa “Price”, en donde se establece que las provincias no tienen facultades para dar por cerradas investigaciones en términos que no están contemplados en el Código Penal. El presidente de la Corte Horacio Rosatti, por su parte, señaló que las cuestiones eran análogas a las tratadas y resueltas en su voto del fallo “Seccional Cuarta”.
Los tres coincidieron, en esa línea, en hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada. La causa investiga la presunta sustracción de fondos públicos por parte de Ricardo Troncoso en su carácter de diputado provincial de la Cámara de Diputados de Entre Ríos desde el diciembre de 2015 hasta el 20 septiembre de 2018.
La denuncia fue impulsada por Carlos Cozzi, exempleado del diputado, que afirmó en un progrma televisivo de Paraná, que el legislador se quedaba con el 70% de su salario. La maniobra se habría realizado mediante la suscripción de contratos de obra con Carlos Gabriel Cozzi, María Isabel Ruíz, Carlos Goyeneche, Silvano Acosta, Alexis Bolsan, Maira Perlo, Orlando Zalazar y Pablo José Zalasar. Pero, en realidad, la prestación nunca existió y de este modo se confeccionaron cheques por pago, en algunos de los cuales se falsificaba la firma para endosarlos a fin de poder ser cobrados por Ruiz o Cozzi.
De acuerdo a la fiscalía, de esta forma Troncoso retenía para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los contratos en concepto de honorarios o hacía que las personas contratadas le prestaran servicios personales. La investigación se inició en septiembre de 2018, se dispusieron varias medidas de prueba y allanamientos a la casa de Blasón Lorenzatto, colaborador de otro diputado.
Entre noviembre del 2018 y febrero del 2019, los imputados desfilaron por los Tribunales de Paraná. Los implicados pidieron la suspensión del juicio a prueba y la fiscalía amplió la investigación y hubo nuevos llamados a declarar como acusados en 2020. En mayo del 2021, la fiscalía solicitó enjuiciar a Troncoso y Blasón Lorenzatto, quien ya había sido desvinculado por el juzgado de Garantías. Pero durante trámite la defensa de Troncoso planteó que la causa debía cerrarse porque se habían vencido los plazos previstos en el artículo 223 del código local para sustanciar la investigación.
El 20 de mayo de 2022, la jueza de Garantías de Paraná dispuso el sobreseimiento para Troncoso y lo extendió a Blasón Lorenzatto, hoy empleado sel sistema judicial local. El juez de apelaciones primero y la Cámara de Casación Penal provincial después revocaron esa decisión. Pero la defensa del ex diputado apeló y en abril del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo lugar al recurso y, por mayoría, anuló la sentencia y confirmó el sobreseimiento de Troncoso. El Procurador General de la Provincia de Entre Ríos solicitó la intervención de la Corte Suprema, que hizo lugar al recurso y decidió que la investigación debía continuar.