El próximo martes 16 de junio, la atención jurídica y política del país se trasladará de forma definitiva a los tribunales de la provincia de Corrientes. En una coincidencia que añade una profunda carga de sensibilidad, el inicio del debate oral y público tendrá lugar en el marco de un nuevo aniversario de la desaparición de Loan Peña, el menor cuyo paradero se transformó en un enigma institucional y en una de las causas judiciales más complejas de la historia penal reciente de la región.
El proceso penal ingresa en su etapa de plenario con un total de 17 personas imputadas que deberán comparecer ante el tribunal de juicio. Detrás de esta masiva cantidad de procesados se esconde un expediente que acumula miles de fojas, peritajes tecnológicos cruzados y declaraciones testimoniales que los fiscales del caso intentarán ensamblar para demostrar la existencia de una organización criminal con distintos niveles de responsabilidad.
El próximo martes 16 de junio, la provincia de Corrientes será el epicentro de un proceso judicial histórico que coincide con un nuevo e doloroso aniversario de la desaparición de Loan Peña. Tras una instrucción penal preparatoria caótica, plagada de idas y vueltas, pistas falsas y una enorme presión social, el tribunal de juicio pondrá en marcha el debate oral y público contra 17 imputados. El expediente, que acumula miles de fojas, intentará desentrañar qué ocurrió en el paraje rural de 9 de Julio y determinar las responsabilidades penales de una trama que conmovió al país.
Los fiscales y las querellas particulares llegan a los estrados con una estrategia acusatoria consolidada, que divide a los procesados en dos grandes bloques según el nivel de participación criminal. El plenario no solo buscará aplicar penas ejemplares, sino también romper el pacto de silencio que ha caracterizado a los detenidos, en un intento tardío por obtener la única respuesta que la sociedad exige: saber el paradero del menor.
Los siete acusados de la sustracción y el misterio del paradero
El núcleo duro del debate oral estará centrado en los siete imputados principales sobre quienes pesa la figura de sustracción y ocultamiento de un menor de edad. Para la justicia civil y penal, este delito reviste la condición de permanente, lo que significa que la acción delictiva se sigue cometiendo activamente día tras día mientras no aparezca el niño. En el banquillo de los acusados se sentarán los tíos del menor, Laudelina Peña y Antonio Benítez, junto a la pareja conformada por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el excapitán de la Armada Carlos Pérez, señalados en la hipótesis inicial como los presuntos eslabones operativos del traslado.
Asimismo, dentro de este primer grupo de máxima vulnerabilidad procesal comparecerán Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, quienes participaron del último almuerzo y de la caminata hacia el naranjal donde se perdió el rastro de la víctima. El séptimo implicado clave en esta escala es el excomisario Walter Maciel, quien enfrenta una doble acusación: por un lado, se lo señala como partícipe de la sustracción, y por el otro, como el brazo ejecutor del desvío inicial de las actas policiales. La fiscalía buscará demostrar que este bloque planificó, ejecutó o facilitó la retención del menor, coordinando movimientos en una franja horaria milimétrica que los peritajes tecnológicos lograron reconstruir de forma parcial.
La ingeniería del desvío: falso testimonio, amenazas y la pista de los “falsos abogados”
Por fuera de los autores materiales, el tribunal deberá juzgar a otros diez procesados que completan la nómina de los 17 enjuiciados y que están vinculados de manera directa a la periferia del caso. Este segundo tramo de la causa adquirió una notable complejidad jurídica debido a la intervención de personas vinculadas a la Fundación Dupuy, quienes se presentaron en la localidad correntina semanas después del hecho bajo la apariencia de brindar asistencia psicológica y jurídica a los niños de la familia, pero que terminaron procesados por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la autoridad, falso testimonio, violación de secreto y encubrimiento agravado.
Entre los imputados de este grupo se destacan psicólogos, trabajadores sociales y abogados, como el controvertido letrado Alan Cañete, quienes quedaron bajo la lupa judicial tras haber retenido a los primos de la víctima en un hotel de la zona bajo condiciones irregulares, obstruyendo el normal desarrollo de las testimoniales en Cámara Gesell. La acusación judicial intentará probar que este entramado no operó de forma aislada, sino que funcionó como una pantalla de contención orientada a sembrar versiones contradictorias, amedrentar a testigos vulnerables y dilatar los tiempos procesales, entorpeciendo la recolección de pruebas clave durante la etapa de instrucción.
Del impacto de antenas al peritaje de Odorología: el soporte científico de los fiscales
Ante la falta de una confesión explícita o de un testimonio directo que quiebre el misterio, el Ministerio Público Fiscal sustentará su acusación en un volumen monumental de evidencia digital e indiciaria acumulada en el expediente. El elemento central de la prueba científica radica en el informe forense de geolocalización telefónica realizado sobre los dispositivos de los principales sospechosos. Los peritos judiciales expondrán ante el tribunal los mapas de calor que demuestran cómo los teléfonos celulares de Pérez, Caillava y Benítez impactaron en las mismas antenas de telefonía celular rurales de manera coincidente con el momento exacto en que se denunció la supuesta pérdida del niño.
A esta evidencia digital se sumarán las actas de los barridos de odorología y los peritajes de ADN realizados sobre los vehículos secuestrados a la pareja de exfuncionarios. Las querellas consideran que el rastro biológico detectado en el automóvil Ford Ka y en la camioneta de los principales investigados constituye un indicio unívoco de presencia que tira por tierra las coartadas ensayadas durante las indagatorias. El tribunal correntino enfrentará así el desafío de analizar una red de indicios tecnológicos y científicos cruzados para determinar si, finalmente, la Justicia puede dictar un veredicto definitivo sobre los 17 procesados y arrojar luz sobre una de las tramas más oscuras de la crónica criminal del país.
