La mentada bandera de la austeridad y el fin de los privilegios políticos que el gobernador Rogelio Frigerio esgrimió durante su campaña parece haberse desdibujado por completo en los pasillos del poder entrerriano. La confirmación de la renuncia de María Sol Romero a su cargo en la estructura central del Gobierno provincial para refugiarse en las codiciadas y opacas filas de ENERSA (Energía de Entre Ríos S.A.) encendió una feroz controversia política.
- POR AF PARA CONFIRMADO
La maniobra no solo expone los mecanismos de la “puerta giratoria” institucional, sino que pone bajo la lupa pública los escandalosos ingresos fijos que un selecto grupo de funcionarios, en su mayoría oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, percibe mensualmente a costa del bolsillo de los contribuyentes locales.
Hasta fines del mes pasado, Romero se desempeñaba como Directora General de Comunicación dentro de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la provincia, un puesto político al que accedió mediante el Decreto N° 206 al inicio de la gestión de Juntos por el Cambio. Sin embargo, mediante el reciente Decreto N° 1641, se oficializó su dimisión para dar un salto inmediato hacia una estratégica gerencia en la empresa estatal de energía.
En los corrillos de la Casa Gris se argumentó inicialmente que la salida estaba vinculada al desgaste por el “desarraigo”, dado el origen porteño de la exfuncionaria. No obstante, la realidad presupuestaria pulverizó cualquier narrativa de fatiga habitacional. El traslado a ENERSA —históricamente utilizada como el “aguantadero de lujo” de la política entrerriana debido a que sus salarios se rigen por convenios del sector privado muy por encima de la devaluada administración pública provincial— le garantiza un piso de ingresos descomunal.
El millonario engranaje familiar que financia la provincia
La controversia adquiere ribetes éticos aún más graves cuando se analiza el mapa de poder familiar. El esposo de Romero es Paulo del Valle, un nombre de extrema confianza política que desembarcó desde Buenos Aires para manejar una de las cajas más sensibles y cuestionadas de la provincia: la de los fondos de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.
La confluencia de ambos ingresos proyecta una cifra que estremece a una provincia con salarios estatales promedio al borde de la línea de pobreza. Entre el millonario sueldo gerencial que Romero pasa a percibir en la compañía eléctrica estatal, sumado a los adicionales por desarraigo que el Estado otorga a los funcionarios traídos del esquema “011”, y los ingresos de Del Valle asociados a la estructura legislativa, el matrimonio percibe una masa salarial consolidada que ronda la friolera de 30 millones de pesos mensuales.
“Mientras a los trabajadores públicos se les discuten paritarias de miseria en base a la recaudación real, las cajas de ENERSA y del Poder Legislativo siguen funcionando como un circuito cerrado para financiar los altísimos costos de vida de la dirigencia que vino de afuera a enseñarnos cómo administrar.”
Un modus operandi que perfora el relato oficial
Este traspaso no es un hecho aislado, sino que consolida un modus operandi recurrente dentro del actual organigrama de Entre Ríos. Las designaciones en ENERSA han sido históricamente el blanco de las críticas de la oposición debido a que la naturaleza jurídica de la empresa le permite esquivar los topes salariales que rigen para los ministerios. Para los analistas políticos, ubicar a funcionarios del riñón político en gerencias clave de la distribuidora energética representa una doble falta: descapitaliza técnicamente una empresa crítica para los usuarios entrerrianos —que enfrentan boletas de luz imposibles de pagar— y asegura retribuciones de privilegio alejadas de la realidad económica de la región.
El malestar social y gremial dentro de la provincia crece de manera proporcional a la difusión de estos números. La paradoja de un gobierno que predica el ordenamiento fiscal mientras sostiene estructuras conyugales que demandan decenas de millones de pesos por mes en sueldos representa un costo político directo para Frigerio. Con la firma del Decreto N° 1641, el Ejecutivo provincial no hizo más que revalidar la persistencia de una casta de funcionarios importados que, lejos de padecer el desarraigo, lo facturan a precios de oro.