El lanzamiento del ambicioso y polémico proyecto “Gemelo Digital Social” desató una de las tormentas políticas y judiciales más complejas para la administración de la Libertad Avanza. Presentado originalmente por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, como un hito de vanguardia tecnológica e Inteligencia Artificial (IA) enfocado en optimizar políticas públicas, el sistema quedó envuelto en una feroz controversia.
- POR AF PARA CONFIRMADO
La escalada alcanzó su punto crítico tras la presentación de una denuncia penal en los tribunales federales, impulsada por la referente del espacio Nueva Generación y exmilitante libertaria, Mila Zurbriggen, quien acusó formalmente al Ejecutivo de violar la legislación vigente sobre la confidencialidad de la población.
La tecnología del “Gran Hermano” estatal bajo la lupa judicial
El núcleo del conflicto técnico y legal radica en el funcionamiento interno de la plataforma. La noción de “gemelo digital” nació originalmente en la ingeniería industrial a comienzos de los años 2000 como una réplica virtual exacta de un objeto físico —como una turbina o un motor— para simular fallas y predecir su comportamiento ante distintas variables. El salto de este concepto al plano de las interacciones humanas y la estructura socioeconómica argentina es lo que encendió las alarmas de expertos en ciberseguridad, juristas y bloques de la oposición.
La denuncia penal presentada por Zurbriggen recayó en el juzgado a cargo del juez Daniel Rafecas. El escrito judicial advierte sobre una presunta violación flagrante al artículo 157 del Código Penal y a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, fundamentando la falta absoluta de un marco legal habilitante, la carencia de auditorías algorítmicas públicas y la alarmante ausencia de un consentimiento explícito por parte de la ciudadanía para el tratamiento predictivo de su información.
“El proyecto del Gobierno viola la ley de datos personales. Existe un peligro latente de que este sistema termine utilizándose para el control social masivo, perfilando a la población sin ningún tipo de control ciudadano o parlamentario.”
— Mila Zurbriggen, referente de Nueva Generación.
La presentación solicita de manera urgente frenar el avance de la iniciativa y exige librar oficios al Ministerio de Capital Humano, a la Jefatura de Gabinete, a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) para resguardar la documentación técnica y determinar qué tipo de datos y qué algoritmos se pretenden emplear sobre la sociedad.
Entre el cruce de datos privados y el “secreto” del algoritmo
La controversia escaló a niveles institucionales debido a las contradicciones discursivas entre la publicidad oficial del proyecto y las posteriores aclaraciones ministeriales. Los primeros informes emanados de la cartera de Sandra Pettovello indicaron textualmente que el modelo virtual se nutriría combinando bases estadísticas de “distintas áreas del gobierno nacional y del sector privado”, un detalle que encendió suspicacias inmediatas sobre el nivel de intromisión en la privacidad financiera, médica y laboral de los habitantes.
Frente al impacto de las críticas, la ministra Pettovello intentó ensayar una defensa pública asegurando que no se utilizarán datos sensibles identificables, sino únicamente registros consolidados, generales, estadísticos y sometidos a un estricto proceso de anonimización. Sin embargo, desde el plano técnico persisten las dudas sobre la viabilidad de un gemelo social que prescinda de identidades reales:
- Fuentes de información opacas: El Estado cuenta con registros masivos a través de ANSES, AFIP, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y los sistemas de cobertura de salud, cuyo entrecruzamiento automatizado permite reconstruir la vida cotidiana de cualquier ciudadano.
- Sesgo algorítmico y exclusión: El diseño de políticas asistenciales delegadas en una IA puede generar automatizaciones arbitrarias, quitando o asignando recursos de manera algorítmica y dejando de lado la evaluación de asistentes sociales humanos.
- Intervención de corporaciones extranjeras: Sectores informáticos alertan sobre la posibilidad de que servidores, infraestructuras de nube o tecnologías de procesamiento privadas de empresas transnacionales tengan acceso indirecto al mapa predictivo de la sociedad argentina.
| Variable de Análisis | Postura Oficial (Capital Humano) | Objeción Técnica y Judicial (Denunciantes) |
| Propósito Principal | Anticipar necesidades y pasar de una asistencia reactiva a un modelo preventivo basado en evidencia real. | Creación de perfiles predictivos y conductas sociales con fines de control político de la población. |
| Naturaleza de Datos | Información general, macroestadística, anonimizada y libre de identificación personal. | Entrecruzamiento de múltiples bases estatales y privadas que vulneran el secreto fiscal, médico y personal. |
| Auditoría del Sistema | Liderazgo tecnológico regional sin intermediarios y optimización de los recursos presupuestarios. | “Caja negra” algorítmica sin supervisión del Congreso, de la Auditoría General de la Nación ni de la AAIP. |
Un frente político que se traslada al Congreso de la Nación
La repercusión del “Gemelo Digital Social” desbordó los tribunales de Comodoro Py y ya impacta de lleno en el Poder Legislativo. Diversos bloques de la Cámara de Diputados de la Nación ya presentaron citaciones formales para que la ministra de Capital Humano concurra al recinto a brindar explicaciones detalladas ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comunicaciones e Informática.
A esta ofensiva legislativa se sumaron otras medidas judiciales en paralelo, como la presentación de recursos de habeas data colectivos por parte de exfuncionarios y dirigentes de la oposición, quienes exigen conocer con precisión quirúrgica el origen de las bases informáticas que utilizará la plataforma. Mientras el Gobierno defiende el proyecto alegando que coloca a la Argentina a la vanguardia de la innovación en políticas públicas, la Justicia deberá determinar si la frontera de la eficiencia estatal sepultó los derechos individuales básicos y las garantías de confidencialidad de millones de argentinos.