Acorralado por el escándalo, el intendente de la ciudad capital debió reconocer el absoluto fracaso de los controles y la existencia de ingresos “a dedo” en el Estado municipal. El quiebre institucional se desató luego de que el exconcejal Ricardo Moreno se jactara de haber metido 500 personas a la Municipalidad, entre ellas a Claudio Barrelier, el principal acusado de asesinar a la nena de 14 años. La corrupción de los punteros políticos, en su versión más letal.
- `POR AF PARA CONFIRMADO
El brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado en un descampado tras una displicente y negligente búsqueda policial, dejó de ser únicamente una tragedia policial para convertirse de lleno en un escándalo político e institucional sin precedentes en la ciudad de Córdoba. La causa destapó la cloaca más rancia del clientelismo y el punterismo político local, obligando al intendente Daniel Passerini a salir a dar la cara y reconocer, en una vergonzosa confesión de parte, el absoluto fracaso del Estado en el control de quiénes ingresan a las dependencias públicas.
Passerini se declaró públicamente como el “máximo responsable” por las fallas sistémicas en los filtros de contratación del municipio. Sin embargo, lo que intentó ser un acto de “asunción de responsabilidad política” terminó confirmando lo que toda la sociedad cordobesa sabe y padece: que en la Municipalidad de Córdoba se ingresa a trabajar por “acomodo”, por favores políticos y bajo el amparo de oscuros personajes del poder que digitan cargos públicos como si fuesen favores de barrio.
De jactarse de “meter 500 personas” a la complicidad del horror
El punto de inflexión que dinamitó la paciencia social y expuso la podredumbre interna fue la impúdica figura de Ricardo Moreno. El ahora exconcejal peronista y todopoderoso armador político con aceitados lazos en el ámbito sindical y las barras bravas, cometió la obscenidad de jactarse abiertamente de haber hecho ingresar a más de 500 personas a la estructura estatal a base de pura recomendación.
Entre esa masa de personas metidas “a dedo” y sin ningún tipo de control psicofísico o de antecedentes penales rigurosos, se encontraba Claudio Barrelier, empleado de la Dirección de Tránsito Municipal y miembro de la barra de Instituto. Barrelier es hoy el principal acusado de haber engañado y asesinado salvajemente a Agostina Vega el pasado mes de mayo de 2026.
Mientras a cualquier ciudadano común o vigilador privado se le exige de manera implacable el certificado de reincidencia federal, antecedentes penales y un estricto examen psicoapto, los “protegidos” de los punteros ingresan de inmediato a las áreas más sensibles del control público.
Una red de impunidad que cruje
La eyección de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante —quien debió presentar su renuncia acosado por el repudio de sus propios pares y la exigencia del propio intendente— es apenas un fusible quemado para intentar frenar el incendio. El caso Agostina dejó en evidencia una presunta red de complicidades. El acusado Barrelier ya contaba con graves denuncias previas —incluso un estremecedor caso en 2025 donde una joven logró escapar de su casa atada de pies y manos—, y gozaba de total libertad y un sueldo público provisto por los impuestos de los vecinos cordobeses.
Acorralado, Passerini apuró anuncios de último momento: un proyecto de ordenanza para achicar los plazos de presentación de antecedentes, revisiones de contratos y la implementación de narcotests obligatorios. Reacciones espasmódicas que no logran tapar la realidad. El propio intendente confesó haber recibido más de 200 denuncias en su teléfono particular sobre supuestos empleados con frondosos antecedentes penales trabajando activamente en la Municipalidad.
La muerte de Agostina Vega no puede quedar impune, y la investigación judicial ya apunta a que el asesino no habría actuado solo para trasladar y descartar el cuerpo. Pero la condena social ya cayó sobre la clase política: cuando el ingreso al Estado se convierte en una moneda de cambio para pagar favores de campaña, las consecuencias las termina pagando la sociedad con la vida de sus jóvenes.