El recorrido institucional de Laura Stratta por las esferas más altas del poder entrerriano abarca casi dos décadas ininterrumpidas. Su firma estampó decisiones clave desde bancas legislativas, despachos ministeriales, la Vicegobernación y la conducción del Senado. Sin embargo, detrás de esa continuidad en la cima, emerge un interrogante recurrente en la escena pública provincial: ¿cuál es la razón por la que los episodios más severos de desvío e irregularidad en los fondos públicos coinciden temporalmente con las áreas que estuvieron bajo su órbita o integración?
Su estancia en la Legislatura provincial coincidió con el despliegue del mecanismo que la Justicia caratuló como la causa de los contratos truchos. De acuerdo con los expedientes judiciales, aquel engranaje delictivo logró sustraer montos multimillonarios del erario público mediante la confección de designaciones ficticias a lo largo de varios años. Mientras ese circuito operaba activamente en el corazón del Poder Legislativo, Stratta formaba parte del esquema político que ejercía el control absoluto de las cámaras y del Ejecutivo entrerriano. Hasta el día de hoy, persiste la falta de una respuesta clara sobre cómo semejante andamiaje financiero pudo sostenerse en el tiempo sin alertar a las máximas autoridades partidarias.
Posteriormente, su traslado al Ministerio de Desarrollo Social abrió un nuevo capítulo de observaciones administrativas. La gestión de los recursos orientados a los sectores de mayor vulnerabilidad social quedó envuelta en controversias públicas debido a subsidios con objeciones legales, padrones oficiales donde figuraban personas fallecidas como beneficiarias, programas bajo cuestionamiento técnico y licitaciones polémicas. A pesar de que cada partida presupuestaria de dicha cartera debía destinarse de forma exclusiva a la contención social, el período culminó con denuncias recurrentes y descargos oficiales que no lograron disipar las dudas.
Las decisiones de última hora en el Senado
El ascenso a la Vicegobernación y a la titularidad del Senado provincial no interrumpió la saga de objeciones presupuestarias. El relevo gubernamental y el desembarco de la administración liderada por Rogelio Frigerio sacaron a la luz un entramado de designaciones, pases a planta permanente y contratos de servicios dictados durante los últimos días del ciclo anterior. Varias de estas disposiciones debieron ser revisadas exhaustivamente y, en numerosos casos, revocadas de manera directa por violar de forma flagrante el marco normativo de la administración pública.
La nómina de beneficiarios por estos decretos de última hora incluía de forma sistemática a dirigentes de primera línea, funcionarios salientes, asesores parlamentarios y militantes del riñón político del oficialismo que acababa de ser derrotado en las urnas. El propósito manifiesto era asegurar la permanencia de estos cuadros dentro de la estructura estatal con posterioridad al recambio de autoridades. El desorden administrativo remanente fue de tal magnitud que las nuevas autoridades del Senado requirieron de varios meses de reestructuración interna para revertir las medidas firmadas en el epílogo del mandato de Stratta.
Responsabilidades que se diluyen en la cúspide
Dentro del escenario político entrerriano resulta llamativo el patrón de asignación de culpas, donde las explicaciones formales ante la opinión pública y los tribunales suelen quedar delegadas en los eslabones más débiles de la cadena: directores de área, empleados administrativos y funcionarios de rangos inferiores. Las responsabilidades directas parecen diluirse antes de ingresar a los despachos de mayor jerarquía, como si los desfalcos institucionales fuesen el resultado de anomalías aisladas y sin conducción jerárquica.
El debate actual excede los límites de los tribunales y se asienta de lleno en el análisis político. No resulta verosímil sostener que un entramado de la complejidad de los contratos truchos pudo funcionar al margen de las jefaturas políticas de turno, de la misma forma que no es factible atribuir a la generación espontánea las anomalías detectadas en las diversas dependencias del Estado. La reiteración de estos focos de conflicto en torno a los mismos actores de poder debilita cualquier intento de justificación burocrática.
Stratta conserva intactos sus derechos a ejercer la defensa legal frente a los señalamientos vigentes, pero el peso de los antecedentes le impide disociar su nombre del debate institucional. Su carrera política se encuentra entrelazada con las crisis administrativas y fiscales más profundas de la historia reciente de Entre Ríos.
Las variables analizadas sostienen un dilema que la dirigencia elude responder de cara a la sociedad.
Si las maniobras de los contratos truchos se ejecutaron mientras formaba parte de la conducción de la Legislatura; si las anomalías en la asistencia social se registraron bajo su jefatura en el Ministerio; y si el festival de nombramientos de allegados y parientes estalló al culminar su gestión en el Senado, el argumento de la mera coincidencia temporal pierde sustento. Para una porción mayoritaria de la ciudadanía entrerriana, el balance del recorrido de Laura Stratta por el Estado se sintetiza en un saldo recurrente: el vaciamiento de recursos públicos en paralelo a la proliferación de estructuras clientelares.
Por Confirmado con información de La Caldera