El estruendoso allanamiento que Gendarmería Nacional ejecutó en el domicilio y en las oficinas de Marcos Carasso viene a demoler, una vez más, esa precaria coreografía de la pureza institucional. Quien supiera presentarse ante la sociedad como la garantía ética de la provincia hoy ve cómo la Justicia Federal le revuelve los cajones en busca de pruebas que lo ligan a un fenomenal desfalco contra los jubilados.
- Por AF para CONFIRMADO
Carasso no es un periférico de la política que se pueda camuflar en la masa de segundones. Estamos hablando del hombre que presidió la Unión Cívica Radical de Córdoba, del exintendente de General Cabrera, del exdiplomático de barricada en el Congreso de la Nación y, fundamentalmente, de quien secundó a Luis Juez en la fórmula gubernamental de 2023. Aquella campaña que basó su existencia en la denuncia penal constante y en la promesa de barrer con los nichos de corrupción cordobeses hoy asiste al silencio sepulcral de sus protagonistas, mudos ante el avance de una causa que apesta a defraudación millonaria.
El costo de la salud pública como botín
La investigación que lleva adelante el Juzgado Federal de Río Cuarto, bajo la mirada del fiscal Rodolfo Cabanillas, no gira en torno a un mero descuido contable o un error de sellos. La hipótesis judicial apunta a una presunta asociación ilícita orientada a la sobrefacturación sistemática al PAMI, un mecanismo de desvío de fondos públicos cuyo perjuicio estimado preliminarmente escala a los 1.400 millones de pesos. Mientras las prestaciones médicas para la tercera edad se caen a pedazos y conseguir un turno es una odisea para cualquier afiliado, las estructuras ligadas a la obra social estatal habrían funcionado como aceitadas cajas de financiamiento oscuro.
El operativo, que incluyó la requisa de su propiedad en General Cabrera y sus despachos en el mismísimo Tribunal de Cuentas de la Provincia —donde paradójicamente Carasso funge como director encargado de controlar la legalidad del gasto público—, salpica también a prestadoras privadas como Ethical Salud. La trama desnuda la habitual promiscuidad entre los sellos partidarios y los negocios privados montados a la sombra del Estado, una especialidad que no distingue colores políticos a la hora de facturar.
Un silencio ensordecedor en los socios del cambio
Lo más fascinante de estos sismos políticos es la velocidad con la que se propaga la amnesia entre los aliados de la víspera. Luis Juez, siempre raudo para montar un set de televisión ante la menor sospecha ajena y implacable fustigador del latrocinio estatal, parece haber perdido la conexión telefónica para opinar sobre la situación de su propio compañero de boleta. El espacio que pretendía refundar la moralidad de Córdoba hoy ensaya un repliegue táctico, esperando que el impacto mediático se diluya entre los pliegues de la agenda diaria.
Para el radicalismo cordobés, la postal de la Gendarmería Nacional ingresando a las dependencias de uno de sus máximos referentes históricos representa un golpe directo a su ya devaluada identidad de “partido de las leyes”. La vieja guardia que se identificaba con la pulcritud administrativa asiste hoy al espectáculo de ver a sus dirigentes desfilando por los pasillos de los tribunales federales, no para denunciar los abusos del poder, sino para intentar explicar qué hacían del otro lado del mostrador.