Cumplirán tareas comunitarias y entre todos pagarán alrededor de 20 millones de pesos. Se estima en 53 millones de dólares el desfalco al Estado provincial.
La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, recibió y aceptó los acuerdos celebrados entre abogados defensores y los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los imputados que acordaron la suspensión del juicio a prueba y la probation son: Renato Jesús Mansilla, Nicolás Beber, Verónica Caíno, Fernando Gastón Sarnaglia, Ángel Rubén Ferreyra, María Victoria Alvarez y María Macarena Alvarez y Andrea Noemí Beatriz Demartin.
Según trascendió, cada implicado cumplirá durante tres años normas de conducta y abonará cada mes el 10% de su sueldo a modo de reparación económica. La remuneración que se tomará como referencia es el que percibían durante los años del desfalco, actualizado. El monto del resarcimiento es distinto en cada caso, ya que los implicados no cobran todos lo mismo. También deberán realizar tareas comunitarias durante 96 horas a lo largo de los tres años.
Había tres imputados más previstos en el acuerdo de suspensión de juicio, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni y Viviana Gisele Mena Gioveni, sin embargo no asistieron a la audiencia de este martes. Están domiciliados en al provincia de Buenos Aires: Balladares vive en Tandil y las Geoveni en Trenque Lauquen. En tanto, Beatriz Demartin se sumó a último momento al acuerdo.
Cuánto abonará cada uno
El acuerdo delineado entre los abogados defensores de los ocho imputados y los fiscales incluye, en cada caso, el pago de:
– Renato Mansilla: $5 millones
– Nicolás Beber: $4 millones
– Verónica Caino: $5 millone
– Fernando Sarnaglia: $1.800.000
– Rubén Ferreyra: $1.096.000
– Victoria Álvarez: $750.000
– Macarena Álvarez: $590.000
– Beatriz Demartin: $850.000
Vale aclarar que la probation no supone ni implica la aceptación de culpa de parte de los imputados. No es un juicio abreviado. En este caso el juicio se suspende y el acusado ofrece a cambio una compensación económica y el cumplimiento de tareas comunitarias, además de pautas de conducta.
De la lista de 32 imputados en la megacausa conocida mediaticamente como “Contratos Truchos”, los beneficiados con la probation fueron clave en la captación de prestanombres, tarea que estaba encabezada por los contratistas Flavia Beckman y Hugo Mena. Ambos operaban bajo las órdenes de otros implicados con aun mayor poder dentro de la organización delictiva.
Quien no irá a juicio es el contador público Gustavo Falco, que será sobreseído porque los fiscales consideran que no participó activamente en la estructura criminal. Este pedido de sobreseimiento se presentará el próximo martes 22 cuando se lleve a cabo la primera audiencia de la remisión a juicio.
Entre 2008 y 2018, un total de 32 acusados participaron en el desvío de fondos públicos mediante contratos simulados en la Legislatura Provincial. La cifra sustraída asciende a 53 millones de dólares, un monto que fue canalizado en inversiones inmobiliarias y actividades agrícolas-ganaderas.
De ese grupo, diez de los imputadosa evitarán el juicio formal a través del beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Habría dos personas que están debatiendo abreviados, pero la diferencia estaría en que fiscalía quiere prisión efectiva y las defensa una pena condicional.
De acuerdo a la fiscalía, los beneficiados por la probation ejecutaban las directivas de los líderes del esquema, realizando tareas de reclutamiento, cobro de cheques y administración de dinero. Su función era comparable a la de abejas forrajeras, recolectando recursos para el funcionamiento del entramado delictivo.
El esquema de fraude se organizó en torno a un círculo familiar estrecho. Beckman y Mena asignaron roles clave a sus hijos, parejas y otros parientes directos: María Victoria Álvarez y su pareja Esteban Scialocomo; María Macarena Álvarez y Alejandro Ferreyra; Jazmín Mena Gioveni, Viviana Gisele Mena Gioveni y Jorge Pablo Balladares; y Fernando Sarnaglia y Andrea Demartín.
El estudio contable Integral Asesoría, unicado en calle Misiones al 400 de Paraná, fue el centro utilizado en la maniobra delictiva. Allí se gestionaban los contratos falsos, se imprimían facturas y se pagaban impuestos utilizando una terminal de Entre Ríos Servicios.
Los fiscales indican que los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure desempeñaron un rol crucial en el esquema, facilitando la facturación y el pago de tributos y de este modo simular legalidad en los contratos.
Por su parte Renato Jesús Mansilla y Nicolás Beber, ambos vinculados al estudio, participaron en la operativa financiera del fraude, corredor inmobiliario y analista de sistemas, respectivamente. Verónica Caíno, pareja del contador Gustavo Pérez, exadministrador de la cámara de Senadores y principal acusado, es otra de las que accedieron a probation.
Cabe destacar que la omisión de controles por parte del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos permitió que la maniobra se llevara adelante por una década sin ser detectada.
El resto de los imputados
Los imputados que no rubricaron la probation este martes ni estaba previsto que lo hagan son: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.