Diego Lara no es un operador de segunda. Es parte del corazón mismo del poder que gobernó Entre Ríos durante dos décadas.
Exintendente de María Grande, tres veces diputado provincial, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales durante el reinado de Sergio Urribarri, y aliado Gustavo Bordet, y hoy vocal del Tribunal de Cuentas, es una pieza clave del aparato peronista que empobreció la provincia mientras los jerarcas se enriquecían.
De perfil bajo pero de billetera cada vez más abultada, Lara fue denunciado en noviembre de 2023 por presunto enriquecimiento ilícito. Al dejar la legislatura y aterrizar —gracias a un concurso hecho a medida— en el Tribunal de Cuentas, sus movimientos financieros llamaron la atención. Aunque no tanto como su fortuna: campos, ganado, maquinaria agrícola, inversiones en el rubro rural y un estilo de vida que nada tiene que ver con su pasado modesto en María Grande.
Mientras paga Ganancias como empresario agropecuario, Lara se las ingenió para que su millonario sueldo público esté exento de impuestos, gracias a una presentación personal con la que logró no tributar. O sea: quien debe controlar el gasto público, se autoprotege de contribuir con el mismo Estado que fiscaliza. Todo muy normal en la lógica de la impunidad institucionalizada.
El año 2018 lo retrata en toda su esencia. Mientras el país lloraba la muerte de Micaela García, y la sociedad exigía responsabilidades a quienes debían haberla protegido, Lara formaba parte del Jurado de Enjuiciamiento que debía analizar el desempeño del procurador Jorge García.
Lejos de investigar las responsabilidades por la cadena de omisiones que permitió que un femicida quedara libre, Lara se encargó de encubrir a García, garantizarle el cargo y preservar el statu quo. Un pacto de silencio sellado entre amigos del poder. La “Justicia con perspectiva de género” quedó en un PowerPoint. La vida de Micaela no valía tanto como la carrera de sus protectores.
Ese mismo año, Lara viajó al sur del país con Ángel Giano, luego presidente de la Cámara de Diputados, ex socio politico y pareja de Gisela Schumacher, tambien bendecida por Bordet. Un tour turístico con fondos públicos que jamás fue explicado. En una provincia fundida, los popes del poder viajaban como millonarios mientras pedían ajuste a los docentes y congelaban sueldos de enfermeros.
Su ingreso al Tribunal de Cuentas en 2019 fue denunciado por varios legisladores como un escándalo institucional. Esteban Vitor, Gabriela Lena, Alejandra Viola, José Antonio Artusi y Joaquín La Madrid pusieron el grito en el cielo: “El concurso está armado para Lara”, dijeron.
Y no se equivocaron. La vacante fue cubierta por él sin competencia real, y desde entonces forma parte de un organismo que no ha auditado una sola irregularidad relevante durante su gestión. IOSPER, contratos truchos, Vialidad, IAFAS… todo pasó de largo sin sanción. Lara, el auditor ciego, mudo y muy bien pago.
Mientras tanto, las denuncias penales por su patrimonio, como era de esperarse, no avanzan. El sistema se cuida solo. La justicia que persigue opositores y militantes sociales, se vuelve ciega cuando el investigado es parte del riñón del poder. La Fiscalía mira para otro lado. Nadie toca al señor de los campos.
Diego Lara no es una anécdota: es un símbolo. De cómo se construye poder con la billetera del Estado, de cómo se apilan cargos, campos y silencios, y de cómo el peronismo que prometía justicia social terminó garantizando impunidad para los suyos.
Diego Lara y su actividad ganadera (Pueden los jueces actuar en el comercio)
Y mientras Entre Ríos se cae a pedazos, Lara factura. La educación en emergencia, la salud sin insumos, la previsión social en rojo… pero el ladrón de María Grande duerme tranquilo, bajo la sombra de sus vacas y protegido por la impunidad de su clase.