La empresa anunció el cierre de sus plantas en Ricardone y Avellaneda por falta de fondos para afrontar los salarios y la parálisis de los contratos de fasón. Señalan que se trata de una medida para “resguardar activos”.
“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, señaló la empresa en un comunicado emitido este 5 de abril. En la nota justificó la decisión como “una medida de protección de los activos” ante un escenario financiero asfixiante y la falta de respuestas de los inversores estratégicos.
La nómina de marzo aún no fue pagada y no hay garantías de que pueda cubrirse en los plazos legales. Simultáneamente, los contratos por los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos -su única vía de ingresos desde que dejó de operar con mercadería propia- se encuentran paralizados.
La situación es sumamentecrítica. Sin granos, sin ingresos y sin fondos líquidos, la firma decidió detener toda actividad mientras busca renegociar acuerdos. Esta semana, el juez del concurso había convocado a los principales inversores (ACA y Bunge-Viterra) para reactivar los fasones. Pero la audiencia fue un fracaso: no se presentó ningún inversor.
En el sector agroindustrial, la decisión fue interpretada como una jugada de presión directa hacia los inversores estratégicos y además hacia la Justicia santafesina, que no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores. La compañía apuesta a que la parálisis total presione y genere definiciones claves. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
Además, el freno de la operación deja a la deriva a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena productiva. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y adelantó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza de alto impacto en toda la industria.
A esto se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. De acuerdo a fuentes del sector, la empresa mantiene una deuda de más de $400 millones por consumo eléctrico, lo que pone en riesgo la continuidad operativa, incluso si se resolvieran otros aspectos financieros.
La situación judicial también se complicó, la semana pasada, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más u$s600 millones, a partir de una maniobra que incluyó falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa ya estuviera en concurso.
De acuerdo a la fiscalía, los imputados formaron parte de una red que funcionó de manera coordinada para perjudicar a acreedores, entidades financieras y socios estratégicos. Se los acusa de haber montado una “estructura organizativa destinada a cometer delitos de forma sistemática” durante los años más críticos de la cerealera.