La intervención del IOSPER puso fin a una gestión que, bajo el mando de Fernando Cañete y Silvio Moreyra, dejó una obra social devastada. El escándalo de las 1.041 prótesis pagadas y nunca entregadas confirma lo que los afiliados sospechaban desde hace tiempo: IOSPER no era una obra social, era una caja política manejada con impunidad.
Lo reveló este 1º de abril el gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el interventor Mariano Gallegos y el subinterventor Ricardo García: el fraude cometido en la anterior gestión dejó un perjuicio económico estimado en más de 1.000 millones de pesos, y esa cifra podría ser mayor.
“El daño es doble —recalcaron fuentes oficiales—: se pagó por servicios no cumplidos, y ahora hay que volver a pagar para que los afiliados puedan operarse”. El desastre, tan grotesco como cruel, es la herencia de años de desidia institucional y uso político del organismo.
Los “dueños” de IOSPER
Aunque representan a gremios pequeños —empleados judiciales (SEJER) y legislativos (APL)—, Cañete y Moreyra lograron colonizar el Directorio Obrero de IOSPER y manejar miles de millones sin controles. Eran los “padres del modelo”, los que decidían convenios, fijaban contrataciones y armaban negocios alrededor del sistema de salud pública de los trabajadores entrerrianos.
Uno solo de esos convenios permitió que se pagaran más de mil prótesis que nunca llegaron a destino. No se trató de un error. Fue un sistema deliberado: se contrataba a un único proveedor, sin competencia, se le pagaba por adelantado bajo el régimen de cápita, y luego se “observaban” los pedidos durante meses para evitar la entrega y justificar la inacción. Mientras tanto, los pacientes esperaban, y los fondos desaparecían.
Una obra social intervenida y colapsada
La intervención, dispuesta a comienzos de 2025, logró en apenas 70 días lo que Cañete y Moreyra no hicieron en años: detectar el fraude, denunciarlo ante el Tribunal de Cuentas, crear 13 bancos de prótesis en toda la provincia y ampliar la nómina de proveedores de uno a cinco.
“Lo que encontramos fue un desastre. Y no hay excusas: esto no se arregla maquillando balances ni echándole la culpa al mercado. Se arregla con transparencia, gestión y coraje político”, dijo Frigerio, dejando en claro que esto apenas empieza.
La complicidad tiene nombre
La Justicia investigará si se trató de negligencia o connivencia, pero políticamente la responsabilidad ya está clara. El Directorio Obrero permitió —cuando no diseñó— el saqueo. Y Fernando Cañete y Silvio Moreyra fueron los arquitectos de ese modelo.
Hoy callan. No explican. No devuelven. No piden disculpas. Pero el daño está hecho: más de 1.000 personas que siguen esperando operarse mientras la obra social debe pagar dos veces por lo mismo.
El modelo se cae a pedazos
IOSPER fue manejado como un club de amigos, con contratos amañados, prestadores únicos y nulo control interno. Lo que empezó como una conquista gremial, terminó como un feudo corporativo de dos gremios que decidieron todo, mientras el resto miraba.
Hoy, ante el colapso, los afiliados no pueden seguir siendo rehenes de la rosca sindical. La intervención fue necesaria, pero insuficiente si los responsables no dan cuentas ante la Justicia y si no se reforma de raíz el modelo de conducción.
Porque si no se cambia todo, el saqueo puede volver con otro nombre y otras caras.