En las últimas horas, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes anunció que encabezará una “investigación administrativa” sobre el video en el que se ve al ex senador y exfuncionario Edgardo Kueider contando dinero en un despacho oficial junto a otros exintegrantes del gobierno de Gustavo Bordet.
La medida fue dispuesta por el actual gobernador Rogelio Frigerio, quien, según Rodríguez Signes, “considera que el tema debe ser investigado” para determinar si los fondos eran o no gastos reservados y cómo se administraron. Sin embargo, la decisión ha sido recibida con escepticismo y fuerte cuestionamiento, tanto por el rol del propio Rodríguez Signes en el hecho como por la falta total de intervención de otros organismos como el Tribunal de Cuentas o el Ministerio Público Fiscal.
Infobae reveló que Signes ya conocía el video
El fiscal de Estado no es un tercero imparcial en esta causa. Según reveló una investigación publicada por Infobae el 21 de marzo pasado, Rodríguez Signes fue uno de los funcionarios que vio el video desde el primer momento, junto al exgobernador Bordet y el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García, quien archivó la causa sin promover acción penal alguna.
De acuerdo con el informe, los máximos responsables legales y políticos de la provincia habrían formado parte de una estrategia deliberada para silenciar el escándalo, incluso permitiendo la edición y ocultamiento del video, y garantizando una cobertura mediática favorable. En ese contexto, que el mismo Rodríguez Signes sea ahora quien encabece una “instrucción administrativa” carece de toda seriedad institucional.
¿Y el Tribunal de Cuentas?
Hasta el momento, el Tribunal de Cuentas de la Provincia, órgano encargado de controlar el uso de los fondos públicos, no ha intervenido ni emitido declaración alguna sobre los hechos. Esto a pesar de que el video muestra a varios exfuncionarios provinciales —hoy detenidos en una causa federal— manipulando grandes sumas de dinero en efectivo dentro de una oficina oficial.
La falta de acción del organismo contable es tan llamativa como la del Ministerio Público Fiscal, que tampoco ha iniciado ninguna actuación de oficio, ni ha desarchivado la denuncia pese a la evidencia pública.
La Fiscalía de Estado no es un órgano de investigación
La Fiscalía de Estado tiene la función específica de defender el patrimonio de la provincia en juicio y fuera de él, no de llevar adelante investigaciones administrativas o penales. No cuenta con estructura, ni personal, ni independencia para garantizar un proceso objetivo. En este contexto, la movida impulsada por Frigerio parece más una puesta en escena destinada a calmar el malestar social y mediático, que una verdadera búsqueda de responsabilidades.
“La Fiscalía de Estado no puede investigarse a sí misma. Mucho menos puede investigar un hecho en el que su propio titular está implicado”, señalaron fuentes vinculadas a la denuncia presentada contra García.
Lo que se requiere no es un sumario interno sin validez judicial, sino una investigación penal independiente, seria y transparente, que determine si los fondos eran públicos, si fueron utilizados de forma irregular y, sobre todo, quiénes participaron en el intento de encubrimiento.
De lo contrario, Entre Ríos seguirá siendo una provincia donde los escándalos se administran con comunicados, mientras los responsables de proteger el interés público se investigan entre ellos.