Un decreto de 2024 autorizó el pago de USD 528 mil por una póliza de seguros para aeronaves policiales, un 47% más caro que en 2019 y 5 veces superior a estimaciones de mercado. La renovación automática con el IAPS viola leyes de transparencia y eficiencia, mientras el Gobierno evade controles.
En un nuevo caso de opacidad y posible malversación de fondos públicos, el Gobierno de Entre Ríos autorizó mediante el Decreto 3708/2024 el pago de USD 528.293,33 por una póliza de seguros para aeronaves policiales, un monto que supera en un 47% lo abonado en 2019 (USD 360.230,89) y que, según estimaciones de expertos, podría costar hasta 5 veces menos en el mercado privado (USD 100.000).
Si bien este “negocio” comenzo con Rosario Romero cuando era ministra de seguridad, se consolida con Nestor Roncaglia quien acaba de volver a contratar con sobreprecios y aun sin explicar porque desde 2019 ha tenido semejante incremento en dolares, siendo que ya estaba sobrecotizada.
La póliza, destinada a cubrir dos helicópteros Bell (matrículas LQ-BII y LQ-CZZ) y su personal de vuelo, fue renovada automáticamente con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS), un ente público, sin licitación ni estudios técnicos que justifiquen el sobrecosto. Este procedimiento viola principios básicos de transparencia, eficiencia y competencia establecidos en la Ley 5140 de Administración Financiera y su reglamentación (Decreto 404/95), que exigen justificar excepciones a procesos competitivos.
Aunque no seria la unica caja, ya que como este medio denuncio son ambos repsonsables del “curro” de las “fotomultas”.
Un negocio redondo para el IAPS
El IAPS, creado por la Ley 5058, tiene el monopolio de los seguros públicos en la provincia. Sin embargo, su estructura de costos nunca fue auditada de manera independiente, lo que genera dudas sobre si los precios que cobra reflejan el mercado o subsidios encubiertos. En este caso, el decreto no incluyó un informe técnico que compare costos con aseguradoras privadas, ni demostró que el IAPS sea la única opción viable, como exige la normativa.
Aumento desproporcionado y sin justificación
El salto de USD 360.230,89 en 2019 a USD 528.293,33 en 2024 representa un aumento del 47% en 5 años, sin que se explique si hubo mejoras en la cobertura o servicios. Peor aún, estimaciones de expertos indican que una póliza similar en el mercado privado costaría alrededor de USD 100.000, lo que sugiere un sobreprecio del 428%.
Violación flagrante de la Ley 5140
La Ley 5140 establece que las contrataciones públicas deben garantizar transparencia, competencia y eficiencia. Sin embargo, el decreto 3708/2024:
No justificó la excepción a la licitación, como exige el Art. 27°, inc. c).
No comparó precios con el mercado privado, violando el principio de “conveniencia económica” (Art. 26°).
No incluyó un dictamen técnico independiente, algo que sí hizo el decreto de 2019.
Falta de controles y posibles delitos
La ausencia de intervención del Tribunal de Cuentas y la Contaduría General en la validación del decreto 2024 abre la puerta a posibles irregularidades administrativas y hasta delitos de malversación de fondos públicos. Además, el uso del tipo de cambio oficial ($995,50) para calcular el costo en pesos subestima el valor real, distorsionando el presupuesto provincial.
La indignación crece
Organizaciones civiles y expertos en transparencia exigen una auditoría inmediata del contrato y la apertura de un proceso competitivo para futuras renovaciones. “Es inaceptable que el Estado gaste 5 veces más de lo necesario mientras la provincia enfrenta crisis económicas y sociales”, señaló un especialista en contrataciones públicas.
Llamado a la acción
Este caso no solo evidencia un uso ineficiente de fondos públicos, sino también un sistema opaco que beneficia a entes estatales sin rendir cuentas a la ciudadanía. Es hora de que los órganos de control actúen y que la Justicia investigue posibles responsabilidades penales y administrativas.
¿Hasta cuándo los entes públicos seguirán siendo un negocio redondo para unos pocos, mientras la ciudadanía paga la factura?