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Derecho y Justicia

EL DERECHO PUNITIVO: ENTRE LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y LA VENGANZA

Derecho y Justicia - Pablo Ceccarelli - Confirmado

Desde la fundación de Roma, en el 753 a.C, hasta mediados del siglo VI d.C, cuando el emperador Justiniano I compiló todas las normas del Derecho Civil en el Corpus Iuris Civilis, el Derecho busca la certeza; la incertidumbre no puede ser parte de la Ciencia Jurídica. En la Era Moderna conocemos cuál es el objeto y cuáles los métodos que se deben aplicar para la investigación de esta Ciencia Social, sin embargo, aún no podemos determinar qué hacer con aquellas personas que lesionan derechos de terceros o atentan contra el orden establecido. Está claro que el Derecho Punitivo hace más de 200 años que no funciona; la solución parece no ser encerrar a los transgresores en una jaula. La mejor cárcel es la que se cierra. Debemos los pensadores, procurar un derecho restitutivo que satisfaga a las víctimas y darle al ofensor la posibilidad de, no solo reparar el daño, sino también de rehabilitarse para que pueda reinsertarse en el organismo social. El punitivismo, la venganza, no solo no repara el daño sino que nos acerca cada vez más a nuestro pasado como animales, alejándonos de un estado racional legal que es, en definitiva, lo que nos diferencia de los animales no humanos.

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Instrumentos jurídicos medievales como la Prisión Preventiva, utilizado como medida extorsiva por los fiscales, que ocupan una posición de poder cada día más importante y otrora se erigen como vengadores sociales de facto, no hacen más que desacreditar la esencia del Derecho y destruir el principio de inocencia. Esta medida provoca un daño irreparable en los supuestos delincuentes que el Estado justifica mediante la utilización desmedida del ejercicio del monopolio de la fuerza.

La construcción analógica de tipos penales y la extorsiva utilización del Juicio Abreviado para sumar puntos curriculares, lamentablemente se han convertido en una Costumbre Jurídica.

El sistema de frenos y contrapesos constitucional debe poner orden en esta guerra tácita que existe entre el Ministerio Público Fiscal, la Magistratura y los abogados defensores, y como todos sabemos, la única institución que tiene la atribución de interpretar finalmente nuestra Carta Magna, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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