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Derecho y Justicia

¿PORQUÉ EL PASE SANITARIO ES INCONSTITUCIONAL?: irrelevante opinión de un estudiante de derecho

Pase sanitario - Inconstitucionalidad - Confirmado

La aplicación de un “pase sanitario” para ejercer derechos básicos como la libre circulación o el ingreso a organismos y lugares públicos, mediante una resolución de firma conjunta entre el Ministro de Salud de la Provincia y el Jefe de Gabinete (norma que ni siquiera llega a ostentar la jerarquía de un simple decreto), es absolutamente inconstitucional. Por varias razones a saber:

En primer lugar quieren imponernos un regimen de inoculación de un químico experimental que se encuentra en Fase 3, en etapa de prueba, cuya obligatoriedad no está permitida por los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional en la reforma de 1994.

La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la Unesco del año 2005 aclaró que: “Toda intervención médica preventiva (…) sólo habrá de llevarse a cabo previo CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO…”.

Como si esto fuera poco, la Declaración de Helsinki de 1964 (reformada mediante las enmiendas de la Asociación Médica Mundial en 1975, 1983 y 1989) aclara que: “En toda investigación en personas (…) Debe informarse a cada persona que son libres de no participar en el estudio y de revocar en todo momento su consentimiento”.

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El Código de Nüremberg (1947) dice que: “Se requiere plena capacidad legal y estar en una situación que permita la plena libertad de elección, sin impedimento alguno de fuerza, fraude, engaño, intimidación, promesa o cualquier otra forma de coacción o amenaza…” para ser parte de esta investigación científica consentida.

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El derecho argentino pone a disposición de los habitantes del territorio la posibilidad de realizar una formal objeción de conciencia para no ser inoculados en contra de su voluntad, integridad, dignidad, o fe.

Nuestra Constitución Nacional reza en su art. 19, “…Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe“. Este artículo es muy importante dado que no habla de cualquier norma sino de “la ley” y una ley, para que esté dotada de validez, debe ser una norma emanada de una autoridad competente (Congreso de la Nación) siguiendo los procedimientos preestablecidos, algo que todavía no sucedió. Además, no debe contradecir y mucho menos colisionar los derechos y garantías consagrados en nuestra Carta Magna.

Según el art. 51 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. El art. 52 continúa garantizando que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, por ejemplo la objeción de conciencia, los amparos, el resarcimiento civil y las denuncias penales.

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Si nos trasladamos al art. 59 del CCCN, este dispone que “Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado…” y si tenemos en cuenta que la vacuna se encuentra en Fase 3, estamos hablando de una especie de experimento de carácter coercitivo lo que nos lleva al art. 149 bis del Código Penal, que dice: “…Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

Pero ahí no termina la cosa, estos violadores seriales de normas jurídicas son funcionarios públicos y a ellos les cabe subsumirlos en el siguiente artículo del Código Penal: art. 248 “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble del tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Por todo lo argumentado en los párrafos anteriores, se deduce que ni la resolución nacional ni las provinciales, que limitan la libertad individual mediante el denominado “pase sanitario”, sortearían con éxito un ligero control de constitucionalidad.

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