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Libertad de Expresión

EN EL DÍA DEL PERIODISTA: BREVE TRATADO SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA

Día del Periodista - Libertad de Expresión - APDRA - Confirmado

La libertad de prensa tuvo su sello de destacada importancia meses antes de la revolución francesa, con la aparición del periódico del doctor Jean Paul Marat conocido como “El amigo del pueblo”, a través del cual expresaba el pensamiento del ala izquierda de los jacobinos y dejaba en evidencia el accionar de los grupos de poder, sirviendo como un importante elemento de contrapeso a los actos de censura y de fuerza ejercida por la monarquía absoluta. Después de la revolución con la sanción de la constitución de 1791, se dejó plasmado este derecho en el Titulo I “Disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución” donde se establece “la libertad de todo hombre de hablar, escribir, imprimir y publicar sus pensamientos, sin que sus escritos puedan ser sometidos a censura ni inspección antes de su publicación…”, sentando las bases para los tratados internacionales y constituciones modernas.

La libertad de prensa ha sido definida como la facultad que tiene toda persona de expresarse a través de los medios de difusión, siendo condición sine qua non para el ejercicio de este derecho la libertad de expresión. Dicen los autores que la libertad de prensa es una especie dentro de un género más amplio que es la libertad de expresión; Bidart Campos define a este último derecho civil como la facultad de exteriorizar el pensamiento. (ref.1)

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos consolidó con su aprobación, la doctrina que habla de dos derechos cuando hablamos de libertad de expresión: un derecho individual que es el que tiene cualquier persona humana (no hablamos de ciudadanos porque lo limitaríamos a quienes tienen derechos políticos solamente) de difundir sus pensamientos por cualquier medio y un derecho colectivo: el que tienen todas las personas a informarse para poder cuestionar, sobre todo, las acciones de gobierno.

Estos derechos son pilares fundamentales en un Estado democrático, social y republicano de derecho. Pero para que se cumpla el objetivo, los actos de gobierno deben ser publicitados y debe haber un acceso irrestricto a la información de carácter público.

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Argentina de a poco va aprendiendo estas consignas aunque en algunas provincias todavía la libertad de expresión y la transparencia de los actos de gobierno se encuentran limitadas por los detentadores del poder, que siempre son los mismos: un poder cuasi feudal, una Justicia corporativa cooptada por el poder ejecutivo y una legislatura obediente, politizada y limitada por la pobreza intelectual de los legisladores.

En nuestro país tenemos una normativa clara que protege a la libertad de prensa, entre ellas encontramos que la Constitución Nacional de 1853-1860 contiene los artículos 14 “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos… A publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” y el artículo 32 “El congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. Con la reforma constitucional de 1994 se agregó al artículo 43 “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. También un variedad amplia de tratados internacionales con jerarquía constitucional.

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Un ejemplo claro de la violación a todos estos derechos, se da en Entre Ríos cuando el intendente en ejercicio de Paraná, Adán Bahl, utiliza la Justicia provincial amiga para hostigar al periodista Eduardo Prestofelippo con la clara intención de cercenar su libertad de expresión mediante el acoso judicial y la intimidación, que conlleva a la autocensura del trabajador de prensa.

Para prevenir este tipo de actitudes, contamos con una doctrina ampliamente difundida y utilizada: “la real malicia”. La doctrina de la Real Malicia es una creación pretoriana de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso New York Times c/ Sullivan. Por medio del mismo se estableció que para que un medio de comunicación o un periodista se encuentren obligados a indemnizar por daños y perjuicios en ocasión de una noticia o información difundida es necesario: que el damnificado demuestre que la información es falsa o inexacta, y que además el periodista tenía pleno conocimiento de la inexactitud o falsedad de la noticia cuestionada. Es decir que el actor deberá demostrar que hubo dolo, culpa grave o mala fe al momento de publicar la información. Esta doctrina solo se puede aplicar a funcionarios públicos, una persona pública, o una persona privada que se encuentre involucrada en hechos de carácter públicos. 

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En cuanto a las columnas de opinión o las críticas, al no ser posible comprobar su verdad o su falsedad, se aplica un criterio de ponderación con fundamento en el estándar del “interés público imperativo”. (CSJ – con voto de la doctora Highton de Nolasco).

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En definitiva, en nuestro sistema jurídico no existen derechos absolutos pero, indudablemente, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a informarse, el derecho a mantener en secreto las fuentes de información y la obligación que tienen los funcionarios públicos de transparentar y publicitar los actos de gobierno, conforman lo que hoy festejamos y conocemos como LIBERTAD DE PRENSA.

FELIZ DÍA COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

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(ref.1) – MATÍAS S. RODRÍGUEZ –  SAIJ: DACF170341 Compartí la noticia

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